BORRADOR
DE REGLAMENTO DE MEDIACIÓN
02-07-2012
DISPOSICIONES
GENERALES –
Artículo
1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo reglamentario dela Real Decreto-ley
5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo reglamentario de
Esta ley tiene por objeto regular la mediación en asuntos civiles y
mercantiles, las actuaciones de las personas mediadoras, y el reconocimiento
del derecho a la mediación y el deber de las administraciones públicas del
Estado de establecer servicios de mediación.
La mediación, como método de gestión pacífica de conflictos, pretende evitar que se abran procesos judiciales, poner fin a los que se hayan iniciado o reducir su alcance, con la asistencia de profesionales cualificados, imparciales y neutrales que hagan de mediadores o mediadoras entre los sujetos para posibilitar vías de diálogo y obtener acuerdos justos, duraderos y estables.
La mediación, como método de gestión pacífica de conflictos, pretende evitar que se abran procesos judiciales, poner fin a los que se hayan iniciado o reducir su alcance, con la asistencia de profesionales cualificados, imparciales y neutrales que hagan de mediadores o mediadoras entre los sujetos para posibilitar vías de diálogo y obtener acuerdos justos, duraderos y estables.
Artículo
2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Para
el ejercicio de la mediación, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Quinta del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, deberán solicitar la
inscripción en el Registro de Mediadores quienes reúnan los requisitos
establecidos en este Reglamento y vayan a desarrollar su actividad profesional
en el territorio español.
2. Con
carácter general, las partes en conflicto que estén interesadas en el proceso
de mediación podrán formular una solicitud ante las instituciones de mediación
o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado
por ellas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2, del Real
Decreto-ley 5/2012
3.
Asimismo, en los términos previstos en el presente Reglamento, aquellas
personas interesadas en participar en un proceso de mediación podrán solicitar
la designación de persona mediadora a través del Registro de Mediadores y de
las Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia -que
estarán coordinados con los Registros de mediación de las Comunidades
Autónomas-, siempre que, al menos, una de las partes tenga su domicilio en
España y la mediación se realice en territorio español. Igualmente, podrán
disfrutar del beneficio de gratuidad, siempre y cuando se den las condiciones
materiales establecidas por las normas reguladoras de la asistencia jurídica
gratuita. El beneficio de gratuidad deben concederlo los órganos y
procedimiento que se determinen y establezca reglamentariamente.
Artículo
3. Objeto y ámbito de aplicación.
La
mediación comprende de forma específica:
1.- Mediación Familiar:
a) Las materias reguladas por el Código civil que en situaciones de nulidad
matrimonial, separación o divorcio deban ser acordadas en el correspondiente
convenio regulador.
b) Los acuerdos a alcanzar por las parejas estables al romperse la convivencia.
b) Los acuerdos a alcanzar por las parejas estables al romperse la convivencia.
c) La
liquidación de los regímenes económicos matrimoniales.
d) Los elementos de naturaleza dispositiva en materia de filiación, adopción y
acogida, así como las situaciones que surjan entre la persona adoptada y su
familia biológica o entre los padres biológicos y los adoptantes, como
consecuencia de haber ejercido el derecho a conocer los datos biológicos.
e) Los conflictos derivados del ejercicio de la potestad parental y del régimen y forma de ejercicio de la custodia de los hijos.
f) Los conflictos relativos a la comunicación y relación entre progenitores, descendientes, abuelos, nietos y demás parientes y personas del ámbito familiar.
e) Los conflictos derivados del ejercicio de la potestad parental y del régimen y forma de ejercicio de la custodia de los hijos.
f) Los conflictos relativos a la comunicación y relación entre progenitores, descendientes, abuelos, nietos y demás parientes y personas del ámbito familiar.
g) Los
conflictos relativos a la obligación de alimentos entre parientes.
h) Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas
mayores o en situación de dependencia, con las que exista una relación de
parentesco, conforme a la definición reflejada en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la autonomía personal y la atención a las personas
en situación de dependencia.
i) Las
materias que sean objeto de acuerdo por los interesados en las situaciones de
crisis familiares, si el supuesto presenta vínculos con más de un ordenamiento
jurídico.
j) Los conflictos familiares entre personas de nacionalidad española y personas
de otras nacionalidades residentes en el Estado español.
k) Los
conflictos familiares entre personas de la misma nacionalidad pero diferente de
la española residentes en el Estado español.
l) Los conflictos familiares entre personas de diferentes nacionalidades distintas a la española residentes en el Estado español.
l) Los conflictos familiares entre personas de diferentes nacionalidades distintas a la española residentes en el Estado español.
m) Los requerimientos de cooperación internacional en materia de derecho de
familia.
n) La
liquidación de bienes en situación de comunidad entre los miembros de una
familia.
o) Las cuestiones relacionales derivadas de la sucesión de una persona.
o) Las cuestiones relacionales derivadas de la sucesión de una persona.
p) Los conflictos surgidos en las relaciones convivenciales de ayuda mutua.
q) Los
aspectos convivenciales en las acogidas de ancianos, así como en los conflictos
para la elección de tutores, el establecimiento del régimen de visitas a las
personas incapacitadas y las cuestiones económicas derivadas del ejercicio de
la tutela o de la guarda de hecho.
r) Las
relaciones de las personas menores de edad con sus parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad, personas tutoras o guardadoras.
s) Los
conflictos de relación entre personas surgidos en el seno de la empresa
familiar.
t)
Cualquier otro conflicto en el ámbito del derecho de la persona y de la familia
susceptible de ser planteado judicialmente.
2.- La
mediación civil y mercantil, a la que se refiere la presente ley comprende
cualquier tipo de cuestión o pretensión en materia de derecho privado que pueda
conocerse en un proceso judicial y que se caracterice porque se haya roto la comunicación
personal entre las partes, si estas deben mantener relaciones en el futuro, y,
particularmente, entre otros:
a) Los conflictos relacionales surgidos en el ámbito de las asociaciones y
fundaciones.
b) Los
conflictos relacionales en el ámbito de la propiedad horizontal y en la
organización de la vida ordinaria de las urbanizaciones.
c) Las diferencias graves en el ámbito de la convivencia ciudadana o social,
para evitar la iniciación de litigios ante los juzgados.
d) Los conflictos derivados de una diferente interpretación de la realidad debido a la coexistencia de las diversas culturas presentes en el Estado Español.
d) Los conflictos derivados de una diferente interpretación de la realidad debido a la coexistencia de las diversas culturas presentes en el Estado Español.
e)
Cualquier otro conflicto de carácter privado en que las partes deban mantener
relaciones personales en el futuro, si, razonablemente, aún puede evitarse la
iniciación de un litigio ante los juzgados o puede favorecerse la transacción.
Este
Reglamento es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles
detallados en los apartados 1 y 2 anteriores, incluidos los conflictos
transfronterizos, cuando al menos, una de las partes tenga su domicilio en
España y la mediación se realice en territorio español, siempre que no afecten
a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de
la legislación aplicable, de conformidad con lo establecido en el Art. 3 del
Real Decreto-ley 5/2012
Artículo
4. Órgano competente.
Corresponde
al Ministerio de Justicia….
Artículo
5. Utilización de medios telemáticos, informáticos y electrónicos.
En los procedimientos administrativos que se regulan en el presente Reglamento
se podrán utilizar medios telemáticos, informáticos y electrónicos adecuándose
al cumplimiento De lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás
normativa que le resulte de aplicación. Asimismo, será de aplicación a los
citados procedimientos el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de
procedimientos administrativos por medios electrónicos, que será desarrollado
por Orden de la Consejería
competente, estableciendo la tramitación telemática de los procedimientos
administrativos que se regulan en el presente Reglamento.
MEDIADORES
Y ACCIONES FORMATIVAS –
La
formación específica del mediador ha de contar con conceptos
teóricos(jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación,
de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación)
tal y como se recoge en la exposición de motivos de la Ley y con la aplicación
práctica de dichos contenidos.
Para ello resulta imprescindible que la formación específica del mediador
incorpore la implementación de metodologías de
enseñanza-aprendizaje eminentemente prácticas, que garanticen el adecuado desempeñó
de la mediación, como una disciplina cuyo eje vertebrador se sustenta en el
“saber ser, saber estar y saber hacer”.
La formación del mediador ha de incluir la puesta en práctica, mediantesesiones de role-playing, de
situaciones simuladas de mediación, de modo que se garantice que el/la
profesional que termina la formación, sabe mediar. Para ello, al
menos un tercio de la formación ha de ser práctica y se realizará mediante role
playing. Visionar videos ou observar a través de un cristal
unidireccional una mediación, no
la consideramos práctica toda vez que el que “hace es el otro” y se es pasivo
ante el proceso de mediación Es extremadamente útil como complemento a la
formación teórica.
CONTENIDOS
TEÓRICO-PRÁCTICOS
La formación específica en mediación ha de incluir entre sus conocimientos
teórico-prácticos mínimos, aspectos tales como:
- Conflicto: Concepto y
Naturaleza.
- Los aspectos emocionales
contenidos en todo conflicto y su adecuada gestión en forma de que sea
útil para la propia resolución del conflicto.
- Desjudicialización,
deslegalización y desjuridificación de los conflictos para su gestión en
la mediación ( Exposición de motivos: tres ejes del Real Decreto)
- Grados de Intervención de
un Tercero en
- Planos de Intervención en
- Concepto de
Mediación.
- El Proceso de Mediación
- Distintas Escuelas de
Mediación.
- Estructura básica de un
Proceso de Mediación Civil y/o Mercantil.
- Desarrollo de un Proceso
de Mediación Civil y/o Mercantil.
- El Lugar del Profesional
Asesor en un Proceso de Mediación Civil y/o Mercantil.
- Teoría de
- Técnicas de Mediación.
- Aspectos Psicológicos de
- El Lugar del Mediador en
un Proceso de Mediación Civil y/o Mercantil.
- Aspectos jurídicos de
- Aplicación Práctica de
las Habilidades Propias de
- Análisis del Contexto de
las Relaciones Civiles y Mercantiles.
- Los Límites de
- Aspectos Deontológicos de
- Aspectos Interculturales
y de genero, transversales en los Procesos de Mediación en las
Relaciones Civiles y/o Mercantiles.
- Puesta en Marcha del
Proceso de Mediación en Conflictos Civiles y/o Mercantiles a partir de
Casos Prácticos Simulados.
EXTENSIÓN
DE LA FORMACIÓN
PRÁCTICA
La
formación mínima del mediador será de 200 horas, de las cuales al menos un
tercio, se destinarán a la práctica.
Será
requisito imprescindible para superar la formación mínima del mediador/a
acreditar haber realizado al menos dos mediaciones, reales o simuladas, en régimen de co-mediación con un profesional
experimentado, y certificadas por la propia escuela de
mediación o, en
su caso de existir, por el Consejo General de la Mediación.
Para
inscribirse en el Registro de Mediadores, se habrá de provenir de una
Institución de Mediación debidamente acreditada y haber realizado dos
mediaciones, reales o simuladas, en régimen de co-mediación con unprofesional experimentado,
y certificadas por la propia escuela de mediación o, en su caso cuando exista, por el Consejo General de la Mediación
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
La
formación específica del mediador/a, debe contemplar unos criterios
básicos de evaluación, que garanticen la adquisición de los contenidos
teórico-prácticos recogidos en el reglamento. Para ello, el Modelo
de Evaluación contemplará
las siguientes características:
- Permanente, no limitada a determinados resultados finales,
sino que promoverá la participación activa del educando durante su
formación, posibilitando a los formadores conocer el perfil de cada uno.
- Global, teniéndose en consideración aspectos relacionados
con las habilidades y conocimientos teóricos y el desarrollo de las
aptitudes y actitudes, propios de la persona mediadora.
- Formativa, como consecuencia de lo anterior, se favorecerá
tanto el análisis continuo de los avances, como de las dificultades que
pudieran surgir en el proceso formativo de cada educando, lo que
facilitará la introducción de mejoras y modificaciones y el
constante ajuste a las necesidades formativas del educando.
- Individualizada, para facilitar el conocimiento de los progresos a
lo largo de toda la formación, acompañándose, siempre que resulte posible,
con una valoración cualitativa de los logros y una orientación acerca de
los aspectos sobre los que mejorar o profundizar.
- Teórico-práctica, es
decir que se debe evaluar tanto el saber de mediación, como el saber ser
persona mediadora y saber hacer mediaciones.
Formación
Continua. Las personas mediadoras deberán acreditar 60 horas anuales de
formación continua realizada en base al menos 2/3 de ellas a prácticas de
mediaciones reales o simuladas en las que la persona mediadora deberá haber
estado ocupando el lugar de la persona mediadora. La asistencia a
Congresos o conferencias no valdrán para computo como horas prácticas.
El
cumplimiento de este requisito será certificado por alguna entidad que
represente a los mediaodres/as y que esté autorizada por el mismo
organismo que autorice las escuelas de mediación.
INSTITUCIONES
DE MEDIACIÓN –
Tienen
la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o
privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que
tengan entre sus fines la promoción de la mediación, la formación continua de
sus mediadores, la prestación de servicios de mediación, facilitando el
acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores,
debiendo garantizar la transparencia en la referida designación.
Las
Instituciones de mediación estarán formadas por un mínimo de 5 Mediadores Inscritos
en el Registro Nacional de Mediadores.
Las
instituciones de mediación deberán presentar una propuesta para ser reconocidas
por el Ministerio de Justicia. En esta propuesta se dará a conocer los medios,
tanto humanos como de infraestructura que posean. Dentro de esta presentación
se abordará también los fines concretos que se desarrollaran el Centro de
Mediación, de forma que tras la aportación de estos datos se le acredite por el
Ministerio.
Las
instituciones de mediación reconocidos de acuerdo con los requisitos que exige
esta ley tienen las siguientes obligaciones:
a) Inscribirse en el Registro de Centros de Mediación.
b) Disponer de un libro de registro de los mediadores y las mediadoras que prestan servicios en su institución, que se deberán haber inscrito previamente en el Registro Nacional de Mediadores.
c) Disponer de un libro de registro de las personas usuarias de la institución, que será confidencial y que se actualizará periódicamente.
d) Enviar al Órgano competente del Ministerio de Justicia una memoria anual de las actividades que hayan llevado a cabo.
b) Disponer de un libro de registro de los mediadores y las mediadoras que prestan servicios en su institución, que se deberán haber inscrito previamente en el Registro Nacional de Mediadores.
c) Disponer de un libro de registro de las personas usuarias de la institución, que será confidencial y que se actualizará periódicamente.
d) Enviar al Órgano competente del Ministerio de Justicia una memoria anual de las actividades que hayan llevado a cabo.
Inscripción
de Instituciones de Mediación.
1. Las Instituciones en los que se desarrollen programas de mediación serán
objeto de inscripción con la siguiente información:
a) Denominación y naturaleza jurídica de la institución.
b) Datos acerca de la titularidad o composición de los órganos rectores o de gobierno.
c) Dirección e instalaciones de la institución.
a) Denominación y naturaleza jurídica de la institución.
b) Datos acerca de la titularidad o composición de los órganos rectores o de gobierno.
c) Dirección e instalaciones de la institución.
d)
Reglamento de funcionamiento o régimen interior de la institución.
e) Mediadores que trabajan o colaboran con la institución.
2. Las
entidades responsables de esta Instituciones comunicarán al Registro la
información a que se refiere el anterior apartado. Cualquier cambio en
los datos a que se refieren los apartados anteriores deberá comunicarse al
Registro tan pronto como se produzca Respecto a la restante información,
se actualizará anualmente en el semestre siguiente al año natural al que se
refiera.
CENTROS
FORMATIVOS –
REGISTRO
DE MEDIADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Naturaleza
y dependencia.
El
Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia es un registro público, de
naturaleza administrativa y de carácter único, sin perjuicio de la existencia
de los registros de las comunidades autonómicas e instituciones de Mediación
previstos en el presente Reglamento. La información que recoge tiene la
consideración de datos de carácter personal y, en consecuencia, se creará el
correspondiente fichero de datos, que serán tratados y custodiados conforme a
lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus
disposiciones de desarrollo en la normativa estatal en materia de protección de
datos de carácter personal vigente en cada momento.
Funciones
del Registro.
Son
funciones del Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia:
a) Inscribir a las personas mediadoras que cumplan los requisitos
previstos legal y reglamentariamente.
b)
Realizar las correspondientes anotaciones y modificaciones de datos de las
personas inscritas.
c)
Facilitar los datos de las personas mediadoras inscritas a quienes lo
soliciten, en los términos que se establecen en el presente Reglamento, con
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal.
d) Tramitar y resolver cuantas solicitudes, peticiones, reclamaciones o
sugerencias se presenten en su ámbito de competencia.
e) Impulsarla Mediación
en el Estado Español.
f) Cualquier otra función que pueda derivarse de lo dispuesto en las normas vigentes.
e) Impulsar
f) Cualquier otra función que pueda derivarse de lo dispuesto en las normas vigentes.
Inscripción
de Personas Mediadoras
1. Las
personas que deseen intervenir como mediadoras en el ámbito del Real Decreto -
Ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles que
cumplan los requisitos exigidos en la misma y en sus disposiciones de desarrollo,
podrán inscribirse en el Registro Mediadores del Ministerio de Justicia o, en
su caso, a través de los registros de las CCAA, e instituciones de Mediación
debidamente reconocidas por el presente Reglamento.
2. Al
objeto de su inscripción, los profesionales presentarán una Declaración
Responsable, en la que manifestarán, bajo su responsabilidad, que cumplen los
requisitos exigibles al efecto.
3. Podrán, asimismo, inscribirse en el Registro de Mediadores del Ministerio de
Justicia, aquellos profesionales que se encuentren reconocidos como mediadores
familiares por la administración estatal o por cualquier administración
autonómica, así como los ciudadanos de la Unión Europea que se
encuentren reconocidos como mediadores familiares por aplicación de la
normativa vigente en un Estado miembro.
4. Los
profesionales inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia
deben actuar en todos los procedimientos de Mediación en que intervengan con
arreglo a lo previsto en la
Real Decreto - Ley 5/2012, de 5 de marzo, en el presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
5. En ningún caso procederá la inscripción de los mediadores en tanto se
encuentren sancionados con carácter firme con la suspensión temporal o la baja
definitiva para el ejercicio de la Mediación Familiar
por cualquier administración pública, colegio profesional o Estado miembro de la Unión Europea.
Presentación
de la declaración responsable.
1. En el supuesto de inscripción directa en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia, la Declaración Responsable podrá presentarse en el
registro de la
Dirección General correspondiente.
2. Si
se accede Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia a través del
registro de una CCAA o institución de Mediación debidamente reconocida, la Declaración Responsable
deberá presentarse en dicho registro auxiliar, que dará un número de registro,
de acuerdo con las normas que fije al efecto la Dirección General
competente y remitirá los asientos registrales correspondientes, al
Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, en el plazo máximo de quince
días hábiles desde la presentación de la declaración responsable.
Efectos.
1. Una vez presentada debidamente la declaración responsable, bien la Dirección General
competente, bien la CCAA
correspondiente, según los casos, realizará la inscripción en el Registro.
2. Si se accede al Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia a través del registro auxiliar de una CCAA,la Declaración Responsable
deberá presentarse en dicho registro auxiliar, que dará un número de registro,
de acuerdo con las normas que fije al efecto la institución competente, al
Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, en el plazo máximo de quince
días hábiles desde la presentación de la Declaración Responsable.
3. La comprobación porla Dirección General
competente de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la Declaración Responsable
determinará la imposibilidad de proceder a la inscripción o, en su caso, la
cancelación de la misma, sin perjuicio, además, de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
2. Si se accede al Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia a través del registro auxiliar de una CCAA,
3. La comprobación por
Registro
y asientos registrales.
1. El Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia se constituye como un
registro informático, que se compondrá, al menos, por los asientos de
inscripción, cuyo contenido mínimo será:
1º Número registral.
2º
Nombre y Apellidos,
3º
Número de D.N.I., o documento que lo sustituya.
4º
Titulación académica,
5º
Domicilio profesional.
6º
Domicilio a efectos de notificaciones.
Vigencia
de la inscripción y modificaciones.
La
vigencia de las inscripciones será indefinida, debiendo el interesado notificar
al Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia o al registro auxiliar de
una CCAA o institución de Mediación, las modificaciones que se produzcan en los
datos contenidos en los asientos registrales. Igualmente, los registros
auxiliares darán traslado de las modificaciones que en ellos se efectúen al
Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.
Cancelación
de la inscripción.
1. La
cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores del Ministerio de
Justicia se podrá realizar de oficio o a instancia de parte, por los motivos
que a continuación se indican:
a) Fallecimiento o declaración de incapacidad de la persona mediadora.
b) Comprobación por la institución o CCAA competente de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore ala Declaración Responsable.
b) Comprobación por la institución o CCAA competente de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a
c)
Renuncia expresa como persona mediadora por parte del profesional.
d) Haber sido sancionado mediante Resolución Administrativa firme, con la baja
definitiva en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.
2.
Cuando el procedimiento de cancelación de la inscripción se haya iniciado de
oficio, se dará vista del expediente a la persona mediadora afectada por
un plazo de 15 días hábiles durante el cual podrá formular las alegaciones que
a su derecho convengan.
3. La Resolución de
cancelación se dictará por el titular de la Dirección General
competente del Ministerio de Justicia y, salvo en el supuesto de fallecimiento,
deberá notificarse al interesado en el plazo de tres meses a contar desde la
fecha de entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente para su
tramitación, o desde la adopción del acuerdo de inicio de oficio. El transcurso
de dicho plazo máximo puede suspenderse en la forma y por el tiempo previstos
en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. La Resolución de
cancelación de la inscripción llevará aparejada la baja en el Registro,
practicándose el asiento que al efecto corresponda. Las cancelaciones en la
inscripción del Registro se comunicarán, en su caso, a los registros de las
CCAA y las instituciones de mediación.
5. La
cancelación de la inscripción producirá efectos desde la fecha del hecho
causante del motivo de la cancelación. En el supuesto previsto en el apartado
1. b) de este artículo los efectos se producirán desde la fecha de la oportuna
Resolución de cancelación.
6. Las
solicitudes de cancelación de inscripción instadas ante los registros
auxiliares de los colegios profesionales, se ajustarán a lo establecido en este
artículo, y deberán comunicarse al Registro de Mediadores del Ministerio de
Justicia para la oportuna Resolución.
En el
supuesto del apartado 1.b), una vez realizadas las gestiones y comprobaciones oportunas, el registro auxiliar correspondiente deberá comunicar
al Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia el motivo de cancelación,
en el plazo máximo de tres días contados a partir de la finalización del
periodo de alegaciones previsto en el apartado 2 de este artículo, con el fin
de proceder a dictar la correspondiente Resolución de cancelación.
Registros
auxiliares.
1. Las
CCAA y las instituciones de Mediación debidamente reconocidas podrán colaborar
en la gestión del Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, mediante
la creación de un registro auxiliar de personas mediadoras, en el que deben
inscribirse los profesionales de la Mediación interesados en su inscripción en
el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.
2. Para
proceder a la inscripción a través de los registros auxiliares mencionados en
el apartado anterior, el solicitante debe cumplir todos los requisitos establecidos
en el presente Reglamento.
3. Los
registros auxiliares tendrán los mismos asientos que los previstos en este
Reglamento.
4. La Dirección General
del Ministerio de Justicia competente establecerá el procedimiento a seguir por
los registros auxiliares y el Registro de Mediadores del Ministerio de
Justicia, para la comunicación de altas, bajas, modificaciones registrales,
infracciones, sanciones, notificaciones y demás datos de las personas
mediadoras.
DEBERES
Y OBLIGACIONES DEL MEDIADOR –
EL PROCESO DE MEDIACIÓN
–
ACUERDOS
–
Art.
El mediador/a está obligado a respetar los principios informadores de la
mediación, de voluntariedad y libre disposición, igualdad de las partes,
imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.
Art.
Los acuerdos se extenderán de forma escrita y deberán adecuarse a lo pactado
por las partes en el acta final
Art.
En caso que la mediación haya sido derivada por vía judicial, o instituciones
de mediación, el mediador sólo informará del resultado de la misma;
desistimiento, intentado sin efecto, con acuerdo, con acuerdo parcial o sin
acuerdo. La transmisión del contenido de dichos acuerdos corresponderá a
las partes, o al mediador/a si las partes de manera expresa y por escrito
le dispensan de la obligación de confidencialidad.
Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal, el mediador/a aportará la documentación requerida.
Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal, el mediador/a aportará la documentación requerida.
Art.
El/la mediador/a, informará del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de
la posibilidad de su elevación a escritura pública para configurarlo como
título ejecutivo.
A solicitud de las partes podrá informar de los trámites necesarios para ello. En ningún caso el/la mediador/a podrá darle forma jurídica al acuerdo.
A solicitud de las partes podrá informar de los trámites necesarios para ello. En ningún caso el/la mediador/a podrá darle forma jurídica al acuerdo.
MEDIACIÓN
ONLINE –
Cualquier
medio electrónico utilizado para realizar mediaciones deberá respetar todos y
cada uno de los pasos del procedimiento definido en el Real Decreto Ley 5/2012,
por lo que se deberá contar con un medio electrónico que pueda gestionar todos
los pasos del procedimiento con cada uno de sus elementos: Solicitud de inicio,
sesiones informativas, Documentos, Actas, terminación del procedimiento, firma
digital del acuerdo de mediación…
Las
sesiones online podrán realizarse tanto a través de texto como de video conferencias,
de forma simétrica: las partes interactúan al mismo tiempo que el mediador,
como de forma asimétrica: las partes y el mediador no coinciden en la misma
franja temporal al mismo tiempo.
Para
garantizar la confidencialidad y la autentificación de las partes en el proceso
deberá disponerse de una base de datos con la información de las partes, un
registro donde se almacenen todos los pasos del procedimiento. Las
comunicaciones deberán estar cifradas y cumplir con lo establecido con lo
establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Los
medios electrónicos de mediación deberán presentar características de
accesibilidad web.
HONORARIOS
.-
SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL -
La
póliza de Responsabilidad Civil Profesional que contraten los mediadores,
deberá cubrir los daños patrimoniales que puedan derivarse de los errores
profesionales en los que pueda incurrir el Mediador en el ejercicio profesional
de la Mediación
en todos los ámbitos, de conformidad con la presente normativas.
La
póliza de Responsabilidad Civil Profesional que contraigan los mediadores
deberá cubrir concretamente:
1. La Responsabilidad Civil
directamente exigible al Asegurado en el desarrollo y ejercicio de los
cometidos propios de su actividad y arriba mencionados.
2. El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones
a que diera lugar la responsabilidad civil del Asegurado.
3. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonarán en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacerla
Compañía , de acuerdo con lo previsto en la póliza y el
importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro.
4. La constitución de fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su responsabilidad.
3. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonarán en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer
4. La constitución de fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su responsabilidad.
5. Los
daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los Expedientes o
Documentos de clientes o terceros, que se encuentren en poder del mediador para
el desarrollo de la prestación del servicio contratado.
DISPOSICIÓN
ADICIONAL ÚNICA.
Desarrollo
reglamentario.
- Se desarrollarán reglamentariamente todas las disposiciones relativas a: 1) la creación y la gestión de los servicios públicos de mediación; 2) la organización de las Instituciones y Servicios de Mediación; 3) la organización, el funcionamiento y la publicidad del Registro de Mediadores y las Instituciones y Servicios de Mediación; 4) la responsabilidad civil de los mediadores y de las instituciones de mediación; y 5) los requisitos de creación y organización que deben cumplir las Instituciones y Servicios de Mediación.
- También se desarrollarán
reglamentariamente todas las disposiciones necesarias para cumplir esta
ley.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA. HABILITACIÓN DE LAS PERSONAS MEDIADORAS. -
Se
reconocerá capacidad suficiente para ejercer de mediador a quienes en el Se
reconocerá capacidad suficiente para ejercer de mediador a quienes en el
momento de la entrada en vigor del presente reglamento que desarrolla el RDL
5/2012, no contaran con la formación requerida por el mismo, cuando durante el
primer año desde la entrada en vigor del mismo, acrediten alguno de los
extremos recogidos en los apartados siguientes:
- Haber realizado una
formación específica en materia de Mediación con un mínimo de 250 horas.
- Haber realizado una
formación específica en materia de Mediación con un mínimo de 100 horas y
acreditar una experiencia mínima de dos años de actuación en mediación.
Para la
acreditación de la formación deberá aportarse certificación emitida por la
institución debidamente acreditada que la impartió.
La
acreditación de la experiencia se realizará mediante cualquiera de los
siguientes medios:
- Copia de contrato
laboral.
- Certificado expedido por
organismo, entidad, asociación o institución donde se ha ejercido o
desarrollado estas funciones de mediación.
DISPOSICIÓN
FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
El
presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
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